14 de agosto, 2021 - 06h00
Este año se esperan exportaciones mineras por $ 1.600 millones, ha dicho el Gobierno Foto: MRNNR
El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha lanzado un desafío al sector minero, para que las inversiones de esta industria sean mucho mayores en sus cuatro años de gobierno. Lasso dijo, en una entrevista en la plataforma 4Pelagatos, que durante su última reunión con el sector minero le indicaron que realizarían una inversión de $ 2.500 millones en cuatro años. Sin embargo, para el presidente, este monto “no es suficiente”.
En este sentido, les había propuesto que apuesten a metas más altas. Por ejemplo, en la inversión en una refinería de minerales que podría necesitar unos $ 2.000 millones, pero que sería muy rentable. Para Lasso, esta propuesta podría repagarse en 15 años y podría contar con financiamiento de banca internacional y multilateral. Con esta, también se podría conocer de manera más clara cuánto produce y exporta Ecuador en minerales. Lasso también indicó que en el 2020 Ecuador logró exportar $ 1.000 millones, y en 2021 espera llegar a los $ 1.600 millones en exportaciones de minerales.
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Ministerio tiene 100 días para difundir las condiciones en que la minería legal y responsable (y otras noticias en un resumen para comenzar la jornada)
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Inversión Extranjera Directa creció a $ 1.016,9 millones en el año de la pandemia, apalancada en la inversión minera
De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, esos $ 2.500 millones de inversión de los que se ha hablado no representan toda la inversión de la industria minera, sino que incluye solamente a los proyectos en fase de construcción próximos a salir, los que podrían entrar en producción y la reactivación de Río Blanco.
Sobre la posibilidad de construir una refinería, explicó que aún es prematuro pensar en ello, pues con apenas dos minas en producción no habría suficiente material para refinar. En todo caso, comentó que con o sin refinería el beneficio del desarrollo de la industria minera es enorme, sobre todo si se toma en cuenta la capacidad de encadenamiento productivo que genera la minería.
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En todo caso, el Gobierno está empeñado en darle mayor protagonismo al sector minero. Hace pocos días emitió el Decreto Ejecutivo 151, que habla de un Plan de acción del sector minero para 100 días. En este se busca, entre otros temas, desarrollar una minería eficiente, responsable, que implemente las mejores prácticas en lo ambiental y social.
Habla de garantizar la seguridad jurídica, respetar los títulos, contratos y derechos mineros existentes, así como la ejecución de una estrategia para erradicar la explotación ilegal de minerales. También se refiere a la aplicación de la consulta previa libre e informada y el fortalecimiento a la institucionalidad de control. En 60 días, dice, deberá haber un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Energía y el del Ambiente para una emisión más eficiente de las permisos ambientales y de agua.
Silva destacó que el decreto da visibilidad y legitima a la industria como un tema clave para el desarrollo económico del país. Además de establecer una hoja de ruta con fechas para ir cumpliendo diversas tareas de información. Asimismo, el decreto da luz verde para que se cree una ley de consulta previa, que aclarará las maneras de aplicarla en las poblaciones correspondientes.
Entre tanto, el presidente Lasso ha ratificado que no se van a tocar los pajonales, ni fuentes de agua, pues el país apunta a la minería sustentable. Aseguró que todos los temas se tratan con la presencia del ministro del Ambiente para ser sustentables, ecológicamente hablando. El presidente ratificó que cada quince días se reunirá con representantes privados tanto del sector minero, petrolero y eléctrico. “Hay tecnología que puede permitir el extractivismo con la conservación del medio ambiente”, sostuvo.
Sin embargo, el tema ha despertado una serie de inquietudes en el sector de los ecologistas. El jueves pasado, en rueda de prensa, Acción Ecológica y el Colectivo Caminantes se refirieron tanto a la política minera y petrolera del Gobierno, en un evento denominado “100 días para desmantelar al país con los decretos 95 y 151”. Carlos Zorrilla, miembro del colectivo Caminantes, aseguró que lo que busca el decreto es acelerar la actividad minera de minerales: “Es bochornoso el nivel de sesgo en favor de la industria”. Lamentó que en los siguientes 100 días el Gobierno esté dispuesto a hacer una campaña a favor de la minería sobre supuestos beneficios, e indicar que es sustentable.
Para Zorrilla, no existe minería sustentable, “eso es un oxímoron”, dijo. Criticó que se quiera simplificar trámites para la actividad minera, entre esos la aprobación de estudios de impacto ambiental, emisión de licencias ambientales. Para el ecologista, se beneficia a las empresas en perjuicio de comunidades rurales, indígenas y los derechos de la naturaleza. Además, dijo que desde la época del presidente Rafael Correa se crearon al menos 37 incentivos fiscales para la industria, lo que merma las ganancias al fisco.
Sobre este tema en particular, Silva respondió que la Ley manda que el Estado no puede recibir menos beneficios que los de la industria. Así ha generado importantes ingresos en impuestos, patentes, regalías y el ajuste soberano. Añadió que el año 2020, solo con dos minas se han pagado $ 430 millones, y en lo que va de enero a mayo se han cancelado $ 420 millones. Ratificó que luego de la vida útil de las minas, la empresa encargada se encarga del cierre y poscierre de la mina, que implica restablecer y revegetar los territorios.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha lanzado un desafío al sector minero, para que las inversiones de esta industria sean mucho mayores en sus cuatro años de gobierno. Lasso dijo, en una entrevista en la plataforma 4Pelagatos, que durante su última reunión con el sector minero le indicaron que realizarían una inversión de $ 2.500 millones en cuatro años. Sin embargo, para el presidente, este monto “no es suficiente”.
En este sentido, les había propuesto que apuesten a metas más altas. Por ejemplo, en la inversión en una refinería de minerales que podría necesitar unos $ 2.000 millones, pero que sería muy rentable. Para Lasso, esta propuesta podría repagarse en 15 años y podría contar con financiamiento de banca internacional y multilateral. Con esta, también se podría conocer de manera más clara cuánto produce y exporta Ecuador en minerales. Lasso también indicó que en el 2020 Ecuador logró exportar $ 1.000 millones, y en 2021 espera llegar a los $ 1.600 millones en exportaciones de minerales.
Ministerio tiene 100 días para difundir las condiciones en que la minería legal y responsable (y otras noticias en un resumen para comenzar la jornada)
Inversión Extranjera Directa creció a $ 1.016,9 millones en el año de la pandemia, apalancada en la inversión minera
De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, esos $ 2.500 millones de inversión de los que se ha hablado no representan toda la inversión de la industria minera, sino que incluye solamente a los proyectos en fase de construcción próximos a salir, los que podrían entrar en producción y la reactivación de Río Blanco.
Sobre la posibilidad de construir una refinería, explicó que aún es prematuro pensar en ello, pues con apenas dos minas en producción no habría suficiente material para refinar. En todo caso, comentó que con o sin refinería el beneficio del desarrollo de la industria minera es enorme, sobre todo si se toma en cuenta la capacidad de encadenamiento productivo que genera la minería.
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En todo caso, el Gobierno está empeñado en darle mayor protagonismo al sector minero. Hace pocos días emitió el Decreto Ejecutivo 151, que habla de un Plan de acción del sector minero para 100 días. En este se busca, entre otros temas, desarrollar una minería eficiente, responsable, que implemente las mejores prácticas en lo ambiental y social.
Habla de garantizar la seguridad jurídica, respetar los títulos, contratos y derechos mineros existentes, así como la ejecución de una estrategia para erradicar la explotación ilegal de minerales. También se refiere a la aplicación de la consulta previa libre e informada y el fortalecimiento a la institucionalidad de control. En 60 días, dice, deberá haber un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Energía y el del Ambiente para una emisión más eficiente de las permisos ambientales y de agua.
Silva destacó que el decreto da visibilidad y legitima a la industria como un tema clave para el desarrollo económico del país. Además de establecer una hoja de ruta con fechas para ir cumpliendo diversas tareas de información. Asimismo, el decreto da luz verde para que se cree una ley de consulta previa, que aclarará las maneras de aplicarla en las poblaciones correspondientes.
Entre tanto, el presidente Lasso ha ratificado que no se van a tocar los pajonales, ni fuentes de agua, pues el país apunta a la minería sustentable. Aseguró que todos los temas se tratan con la presencia del ministro del Ambiente para ser sustentables, ecológicamente hablando. El presidente ratificó que cada quince días se reunirá con representantes privados tanto del sector minero, petrolero y eléctrico. “Hay tecnología que puede permitir el extractivismo con la conservación del medio ambiente”, sostuvo.
Sin embargo, el tema ha despertado una serie de inquietudes en el sector de los ecologistas. El jueves pasado, en rueda de prensa, Acción Ecológica y el Colectivo Caminantes se refirieron tanto a la política minera y petrolera del Gobierno, en un evento denominado “100 días para desmantelar al país con los decretos 95 y 151”. Carlos Zorrilla, miembro del colectivo Caminantes, aseguró que lo que busca el decreto es acelerar la actividad minera de minerales: “Es bochornoso el nivel de sesgo en favor de la industria”. Lamentó que en los siguientes 100 días el Gobierno esté dispuesto a hacer una campaña a favor de la minería sobre supuestos beneficios, e indicar que es sustentable.
Para Zorrilla, no existe minería sustentable, “eso es un oxímoron”, dijo. Criticó que se quiera simplificar trámites para la actividad minera, entre esos la aprobación de estudios de impacto ambiental, emisión de licencias ambientales. Para el ecologista, se beneficia a las empresas en perjuicio de comunidades rurales, indígenas y los derechos de la naturaleza. Además, dijo que desde la época del presidente Rafael Correa se crearon al menos 37 incentivos fiscales para la industria, lo que merma las ganancias al fisco.
Sobre este tema en particular, Silva respondió que la Ley manda que el Estado no puede recibir menos beneficios que los de la industria. Así ha generado importantes ingresos en impuestos, patentes, regalías y el ajuste soberano. Añadió que el año 2020, solo con dos minas se han pagado $ 430 millones, y en lo que va de enero a mayo se han cancelado $ 420 millones. Ratificó que luego de la vida útil de las minas, la empresa encargada se encarga del cierre y poscierre de la mina, que implica restablecer y revegetar los territorios.
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